Hay ciudades españolas con cartel de zona de bajas emisiones, ordenanza aprobada y ni una sola multa puesta. A ese invento le queda poca vida. El Consejo de Ministros aprobó el martes una modificación del Real Decreto 1052/2022, la norma que regula las zonas de bajas emisiones, para que los ayuntamientos obligados a tenerlas demuestren que funcionan y sancionen a quien se salte las restricciones, sin periodos de gracia que se alarguen a conveniencia.
El cambio afecta de lleno al conductor con un coche antiguo, y por eso conviene leerlo con calma. Hasta ahora, un consistorio podía cumplir sobre el papel: delimitaba un perímetro, instalaba alguna señal y dejaba para más adelante las sanciones. Transición Ecológica enumera ahora los vicios detectados en estos primeros años: moratorias de sanción demasiado largas, zonas en las que no se restringe a ningún vehículo por lo que contamina y otras dibujadas sobre calles donde el tráfico ya estaba limitado de antemano.
La respuesta del Gobierno tiene poco de retórica y bastante de trámite administrativo, que es donde suelen ganarse estas batallas. Las entidades locales tendrán que documentar cuándo entran en vigor las limitaciones de acceso, circulación y estacionamiento, y acreditar que sus sistemas de control y seguimiento están operativos. Las ordenanzas, además, deberán incorporar y aplicar el régimen sancionador de la legislación estatal de tráfico sin recurrir a sistemas transitorios que retrasen su efectividad.
La obligación recae sobre los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire. Las cuentas que se manejan estos días hablan de 151 ayuntamientos en el primer grupo y de unos 68 con la zona realmente en marcha. Son menos de la mitad, y eso que la Ley 7/2021 de cambio climático fijaba 2023 como fecha tope.
¿Qué cambia para quien conduce? De entrada, que la multa deja de ser una amenaza lejana en muchas ciudades. La norma estatal no fija una cuantía propia ni un calendario único: cada ayuntamiento decidirá cuándo empieza a sancionar y cada ordenanza concretará los detalles. Lo habitual hoy es una sanción de 200 euros, que muchos consistorios rebajan a 100 si se paga dentro de los 20 días siguientes. No retira puntos del carné, porque es una infracción administrativa.
Los más expuestos son los coches sin distintivo ambiental de la DGT y, según la ciudad, los que llevan la etiqueta B: gasolina matriculados desde el año 2000 y diésel desde 2006. Quienes conducen un vehículo con etiqueta C, ECO o 0 suelen moverse sin problemas, aunque conviene mirar las condiciones de cada municipio antes de viajar.
Ahí está el punto débil de todo el sistema, y este decreto no lo resuelve. Cada ciudad seguirá teniendo sus propias reglas, de modo que un mismo coche puede entrar sin problema en una capital y encontrarse con una limitación en la vecina. Para el vecino de un municipio pequeño que va a trabajar a la ciudad en un diésel de 2005, eso significa consultar varias ordenanzas distintas. Un mapa único y claro le haría más servicio que cualquier campaña.
Los ejemplos de estos años explican por qué el Gobierno ha decidido apretar. En Vigo, su alcalde, Abel Caballero, anunció en 2025 una zona sin multas. En Ciudad Real, Francisco Cañizares planteó un perímetro sin restricciones para ningún vehículo. En Valladolid, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la ordenanza cuando no llevaba ni un año en vigor. Madrid, por su parte, todavía permite circular a turismos sin etiqueta domiciliados en la ciudad.
Esa sentencia vallisoletana deja una advertencia que los ayuntamientos harán bien en no olvidar: obligarles a sancionar no blinda sus ordenanzas ante los tribunales. Si una regulación se redacta con prisas para cumplir con el Ministerio, puede acabar anulada igual, y el conductor multado tendrá argumentos para recurrir.
El Ejecutivo añade otro incentivo menos visible y probablemente más eficaz que cualquier sanción. Sostiene que la prueba del cumplimiento servirá para evaluar la eficacia de estas zonas y podrá tenerse en cuenta en la financiación del transporte urbano sostenible. Traducido al idioma municipal: quien mantenga una zona de adorno se arriesga a que el dinero para autobuses y movilidad vaya a otra parte. Con esa presión, es previsible que en los próximos meses muchos plenos revisen sus ordenanzas, y que más de un conductor descubra una cámara donde antes solo había una señal.
Quien tenga un coche con etiqueta B o sin ella haría bien en comprobar ya qué ocurre en su ciudad y en las que visita con frecuencia. El distintivo depende del motor y del año de matriculación, y la pegatina física se consigue en Correos.
