Quedan nueve días. El próximo 26 de noviembre entra en vigor el Real Decreto 953/2026, la norma que cambia las reglas del juego para las zonas de bajas emisiones en España. A partir de esa fecha, ya no bastará con que una ciudad tenga su ZBE aprobada en un boletín oficial: tendrá que demostrar que funciona de verdad, con restricciones reales, controles de acceso y multas. Y el problema es que, a día de hoy, muchas ciudades están lejos de cumplir.
El decreto se aprobó el 4 de noviembre y se publicó en el BOE el día 6. Como el texto no fija una fecha de entrada en vigor propia, se aplica el plazo habitual de veinte días desde su publicación, que se cumple el 26 de este mes. Desde entonces, los ayuntamientos han tenido unas semanas para ponerse al día, pero el reloj corre y el margen se agota.
Qué tendrá que demostrar cada ayuntamiento
La reforma endurece los requisitos para considerar que una zona de bajas emisiones está correctamente implantada. Cada ciudad tendrá que acreditar varias cosas a la vez. La primera, que su ordenanza está en vigor y limita de forma efectiva la entrada de vehículos según lo que contaminan, es decir, según su etiqueta ambiental. La segunda, que dispone de un sistema real para controlar los accesos, normalmente cámaras de lectura de matrículas.
La tercera, que la zona está integrada en el Punto de Acceso Nacional de la DGT, de forma que la información sobre restricciones esté conectada con el sistema estatal. Y la cuarta, quizá la más importante: que las sanciones se aplican de verdad. El decreto elimina los periodos transitorios sin multas, esos plazos de aviso durante los que muchas ciudades se limitaban a informar a los conductores sin sancionarlos.

Las ciudades que todavía no multan
El nuevo marco llega en un momento en el que el mapa de las ZBE en España es muy desigual. Hay ciudades que llevan tiempo sancionando con normalidad, pero otras muchas tienen la zona aprobada y sin multas. Es el caso de Elche, Cartagena o Santa Cruz de Tenerife, que cuentan con su ZBE sobre el papel, pero sin sanciones en la práctica.
El ejemplo más reciente de marcha atrás es Málaga, que dejó de multar en octubre de 2026 tras una sentencia judicial. No es un caso aislado: varias ordenanzas de zonas de bajas emisiones han sido recurridas en los tribunales en los últimos años. El Ministerio de Transportes defiende que la reforma aporta más seguridad jurídica a los ayuntamientos precisamente para evitar que las zonas caigan por defectos de forma.
El dinero, la clave de todo
¿Qué pasa si una ciudad no cumple? Técnicamente, un ayuntamiento podrá seguir sin multar, pero tendrá un coste. La acreditación de que la ZBE funciona servirá como referencia para los instrumentos de financiación del transporte urbano sostenible. Dicho de otro modo, las ayudas estatales para autobuses, movilidad y digitalización del transporte podrán quedar ligadas a tener una zona de bajas emisiones que funcione de verdad, y no solo en el boletín oficial.
Ese es el verdadero incentivo. Ciudades como Vigo podrían optar por no sancionar, pero se arriesgarían a perder parte de esa financiación. Para muchos ayuntamientos, la decisión será un equilibrio entre el coste político de multar a sus vecinos y el coste económico de quedarse sin fondos.

Qué cambia para el conductor
Para quien conduce, la sanción no cambia. Entrar en una zona de bajas emisiones sin cumplir las restricciones sigue costando 200 euros, que se quedan en 100 euros con el descuento por pronto pago, y no supone pérdida de puntos del carné. Lo que sí cambia es la probabilidad de recibir esa multa: en las ciudades que hasta ahora se limitaban a avisar, el aviso tiene los días contados.
El consejo es sencillo: si vas a circular por el centro de una ciudad con ZBE, comprueba la etiqueta ambiental de tu coche y las normas concretas de esa ciudad, porque cada ayuntamiento fija sus propias restricciones, horarios y excepciones. A partir del 26 de noviembre, la manga ancha empieza a desaparecer.
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